Malvinas: la jueza Herraez ordenó un embargo contra empresas extranjeras

Los embargos por más de 156 millones de dolares alcanzan a 6 empresas de capitales británicos y estadounidenses que explotan ilegalmente recursos naturales en las Malvinas.

30/06/2015 - La jueza federal de Río Grande Lilian Herraez ordenó el 25 de junio pasado, embargos por 156.432.000 millones de dólares sobre bienes y activos de seis empresas británicas y estadounidenses que fueron denunciadas por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

El embargo fue solicitado por los fiscales Marcelo Rapoport -de Río Grande-, Adrián García Lois -coordinador de distrito de Tierra del Fuego- y Carlos Gonella -de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)-.

La imputación penal fue realizada el pasado 21 de Abril contra las empresas Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc., Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.

La imputación fue realizada por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas" ya que las empresas denunciadas no cuentan con "autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".

La medida incluye el secuestro de los buques PGS M/V "Ramform Sterling", PGS "Ramform Titan", "Falcon Explorer" y "MV Poseidon"; de la plataforma semisumergible "Eirik Raude" y del dique flotante "Noble frontier". El embargo también alcanza a cuentas bancarias de empresas británicas y estadounidenses para lo cual se deberán librar exhortos diplomáticos a través de la Cancillería argentina. Además, se ordenó el cese inmediato de la exploración y explotación en territorio argentino debido a los graves e irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras ilícitas.

La causa fue iniciada en 2010, las empresas fueron sancionadas en aquel momento a través de sumarios administrativos; pero como no cesaron la actividad irregular, se presentó la denuncia penal en el marco de la ley 26.659 que regula los delitos de explotación ilegal de los recursos naturales argentinos.

Fuente: Telam

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